El viernes 18 de noviembre, el cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas/os y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación (DGN), Damián Muñoz, y la coordinadora de la misma comisión, María Laura García Morabito, dieron una charla sobre las Reglas Mandela en la Escuela de Educación Media Nº 6 “Padre Mugica”, del barrio de Retiro.

La actividad se enmarcó en la Campaña asumida este año por la DGN y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) para difundir los estándares de la ONU sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 
 
Frente a 60 alumnos de todos los cursos del colegio, los representantes de la DGN explicaron los cambios que proponen las Reglas de Naciones Unidas y su alcance respecto de la situación específica de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad. 
“Los menores de edad, por ser un grupo especialmente vulnerable, no pueden estar en lugares con personas adultas”, explicó García Morabito. “Cuando detienen a un menor de edad en la CABA, no lo pueden llevar a una comisaría, lo tienen que llevar a un lugar especial, el centro de admisión y derivación, que es un espacio que funciona bajo la órbita de organismos de niñez, y no depende del servicio penitenciario o de organismos dedicados a adultos”, enfatizó. “También tienen derecho a que les hablen en términos claros y concretos, porque el lenguaje del mundo judicial es muy cerrado. Los niños tienen más garantías que un adulto por la doble protección que los asiste, porque están privados de libertad y son menores de edad”, detalló.
Muñoz, por su parte, se refirió a otras cuestiones resaltadas en los estándares de la ONU, como las vinculadas a los servicios médicos y sanitarios, las restricciones y sanciones, y la investigación de muertes y torturas contra reclusos.
“Los niveles de violencia disminuyen, como en una familia, en una escuela o en un aula, cuando la gente tiene los derechos básicos satisfechos. Esta es una mirada que, muchas veces, el servicio penitenciario no tiene en cuenta”, argumentó. “Determinados colectivos considerados vulnerables, como mujeres embarazadas, menores de edad y adultos mayores, requieren un plus de satisfacción de esos derechos para que la privación de su libertad pueda ser considerada digna. Y esto puede ser traducido en un control judicial de la privación de libertad mucho más estricto”, insistió.
“Son importantes cuestiones obvias como servicios médicos y sanitarios, para que el preso pueda acceder a un médico en el mismo lugar de privación de libertad, o asistir a un hospital si tiene una enfermedad más compleja”, sostuvo Muñoz. “Las reglas son muy claras, también, en que el Estado tiene la responsabilidad de las muertes violentas y no violentas que suceden dentro de los ámbitos carcelarios, tanto de mayores como menores”.
“Lo mismo sobre el régimen disciplinario. En las unidades penitenciarias y en los lugares donde hay chicos alojados, en caso de cometer alguna infracción, la persona privada de libertad puede ser alojada en lo que se llama el ‘engome’, una celda tan pequeña como la que tuvo Mandela y con ciertas restricciones de comunicación con el exterior. En las Reglas, esto está regulado para que no suceda o tenga un debido control judicial”, explicó. 
En la reunión, se repartieron folletos sobre el proceso penal juvenil, elaborados por la DGN, y postales confeccionadas por la PPN con imágenes de los afiches realizados en el Taller de afichismo del Centro Universitario Devoto.

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