El 1º de noviembre, en el Instituto Provincial de Derechos Humanos de la provincia de San Luis, representantes de la Defensoría General de la Nación (DGN) y de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) dieron una charla sobre las Reglas Mandela ante autoridades de los tres poderes del Estado, funcionarios penitenciarios y de las diferentes fuerzas, miembros de organizaciones civiles y público en general.

Juan Ignacio Pérez Curci, coordinador de la Campaña Reglas Mandela por parte de la DGN, abrió el encuentro haciendo una breve reseña de las actividades realizadas en el marco de la Campaña, y explicó algunos de los estándares que proponen estas Reglas de la ONU. También remarcó su obligatoriedad ya que, a pesar de no estar enmarcadas en una convención internacional, en la Argentina hay jurisprudencia e instrumentos legislativos que así lo disponen. Además  subrayó que deben respetarse los derechos humanos no solo de los internos carcelarios, sino también de los agentes penitenciarios.

Por su parte, Alfredo Joaquín Ortiz Gómez, responsable de la Delegación Cuyo de la PPN, resaltó la importancia del trabajo de campo, la visita a las cárceles y la ejecución de diversas acciones en esos ámbitos, por ejemplo, tener audiencias con los internos, realizar un monitoreo general de la situación en esas instituciones y asegurar la salud de los reclusos a partir de la confección periódica de informes médicos.

En ese sentido, las Reglas Mandela promueven el acceso al asesoramiento jurídico para las personas privadas de libertad. Pero también es imperioso trabajar en materia de capacitación y asistencia de diferente índole de los agentes, y asegurar sueldos dignos y acordes a la tarea que desempeñan.

Estos son algunos de los puntos sobre los que deberán trabajar las distintas organizaciones vinculadas para lograr la implementación en nuestro país –y de acuerdo a las características, situación y necesidades de cada región– de estas reglas que promueven el trato igualitario, la lucha contra la discriminación y, sobre todo, el tratamiento integral de las personas privadas de la libertad y de quienes se encargan de su resguardo.