img_man.pngPara dar visibilidad pública a las Reglas Mandela -en tanto principios básicos y universales para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad-, y hacer un llamado amplio a la reflexión sobre los propósitos de la cárcel y las condiciones en que deben cumplir su pena las personas detenidas, la Procuración Penitenciaria de la Nación junto con la Defensoría General de la Nación impulsan la Campaña Reglas Mandela - Argentina.

La Campaña será el marco para desarrollar, entre junio y diciembre de 2016, una serie de actividades que permitan fomentar el interés y el conocimiento social acerca de la realidad carcelaria; sensibilizar sobre lo que implica la cárcel como respuesta punitiva (tanto para la persona detenida como para la sociedad en su conjunto); promover la discusión sobre las políticas penitenciarias, y contribuir a la formación de una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

La campaña está dirigida a la sociedad en su conjunto y promueve la participación de otros organismos e instituciones

Es un organismo creado en el ámbito del Poder Legislativo, dotado de plena autonomía e independencia. Tiene por objetivo fundamental proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el ámbito federal, o procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren en establecimientos provinciales.

A partir de la ley 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la PPN integra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ampliando la necesidad de monitoreo preventivo a otros centros de detención.

A lo largo de 20 años, el proyecto de gestión ha sido constituir un órgano de control eficiente de la administración penitenciaria , a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Algunas líneas de trabajo que se han ido consolidando como prioritarias son prevenir, denunciar e investigar la tortura y los malos tratos, las muertes en prisión, el aislamiento y las requisas vejatorias, los colectivos sobrevulnerados (mujeres en prisión, jóvenes adultos, entre otros).

El Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo con los principios, funciones y previsiones establecidas en la ley 27.149. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial, de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

A partir de la reforma constitucional del año 1994, el Ministerio Público de la Defensa se instituye como un órgano independiente del resto de los poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera (art. 120 Constitución Nacional).

El texto constitucional concibió al Ministerio Público como un órgano bicéfalo, en tanto cuenta con dos estructuras autónomas e independientes entre sí: el Ministerio Público Fiscal, a cargo del/la Procurador/a General de la Nación por un lado y el Ministerio Público de la Defensa, por el otro, cuya máxima autoridad es el/la Defensor/a General de la Nación.