Ayer por la tarde, en la sede de la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín”, ubicada en la localidad bonaerense de Beccar, se celebró el panel sobre “Las Reglas Mandela y el sistema penitenciario.” El encuentro académico fue organizado en el marco de la diplomatura en “Ejecución penal y cuestiones penitenciarias” de esa misma casa de altos estudios.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, intervino durante la apertura del panel en el que también participaron diversos magistrados y funcionarios vinculados al seguimiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad;: el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°22 Sergio Paduczak, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, Gustavo Hornos; el coordinador de la Campaña de difusión de Las Reglas Mandela de la Defensoría General de la Nación, Juan Ignacio Pérez Curci, y el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas. “El sistema penal reconoce una tendencia inflacionaria en las últimas décadas, tanto a nivel nacional como regional e internacional”, destacó la titular del MPF durante su intervención.
Al mismo tiempo, recordó que “entre 2000 y 2015 la población encarcelada en nuestro país creció más del 100%. A diciembre de 2015, la cantidad de personas detenidas en cárceles federales y provinciales era de 77.000 detenidos y que en lo va del año en apenas 9 meses transcurridos de este 2016, la población alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal creció más de 4%”.
Por otro lado, Gils Carbó destacó también “la problemática histórica vinculada con el uso abusivo de la prisión preventiva, que alcanza a casi el 75% de los presos federales y al 55% de los provenientes de la justicia nacional. La cantidad de mujeres en el Sistema Penitenciario Federal también registra una tendencia creciente y una tasa de encarcelamiento preventivo que pasó del 66% en enero 2016 al 69% en agosto”.
La procuradora reafirmó además que “las Reglas de Mandela representan un avance en materia de herramientas para el trabajo de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Al mismo tiempo que “representan un instrumento ideal para potenciar el trabajo articulado entre diferentes instituciones de la administración de justicia, el Poder Ejecutivo; el Legislativo con sus entes autárquicos y las organizaciones de la sociedad civil”. Finalmente, la procuradora manifestó la importancia del trabajo articulado entre los distintos actores judiciales, políticos y de la sociedad civil para poder afrontar “las tareas pendientes” en los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Por su parte Hornos destacó la importancia que tomó esta problemática en el ámbito del Ministerio Público durante la gestión de Gils Carbó como procuradora y recordó que la realización del panel “implica un homenaje a Nelson Mandela, que hizo mucho por la justicia y la igualdad en todo el mundo”.
El juez de Casación subrayó el valor de las “Reglas Mandela.” A su vez, Hornos hizo hincapié en la necesidad de que “en la practica, las instituciones punitivas se compatibilicen con los derechos consagrados en la constitución”.
“La protección más eficaz para las personas privadas de su libertad es el acceso al servicio de administración de justicia”, destacó el presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.
Por su parte, Perez Curci indicó desde la Defensoría General de la Nación se lanzó una campaña de difusión de las Reglas Mandela. El funcionario reafirmó la importancia la difusión de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en todos los ámbitos del servicio de administración de justicia y la sociedad civil en general. Además, Cejas reafirmó el valor y la importancia del monitoreo ejercido por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
En tanto, Paduczak repasó las distintas experiencias de las auditorias realizadas sobre el sistema penitenciario y las graves violaciones a los derechos humanos relevadas en los complejos penitenciarios tanto federales como provinciales.