19-8-16
El Litoral.com (Santa Fe)

Asegura que el Ministerio de Justicia tiene como prioridad levantar ese establecimiento. Los planteos de condenados por delitos de lesa humanidad.

Francisco Mugnolo es procurador penitenciario de la Nación. Estuvo en la delegación Litoral con sede en nuestra ciudad y que comprende a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero donde más de 800 detenidos por causas federales cumplen sus condenas o esperan su sentencia. Aprovechó la visita para reunirse con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; con la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo, y entregar una bandera en la Escuela de Comercio, en homenaje al Bicentenario de la Independencia.
En diálogo con El Litoral, admitió la ampliación de tareas que tiene la Procuración cuya creación en el 2004 en el ámbito del Congreso de la Nación, fue para defender la vigencia de los derechos humanos en las personas privadas de la libertad, ya sea en cárceles, comisarías o delegaciones de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. La reciente ley de creación del mecanismo nacional contra la tortura le dio competencia para atender a personas privadas de libertad por problemas de salud mental y un fallo de la Corte Suprema de Justicia le otorgó la auditoría sobre los institutos de menores.

—¿Visita una provincia donde no hay cárceles federales?

—Es verdad. Lamentablemente Coronda siempre ha estado al principio de construcción de los proyectos y después se cae. Ahora tengo mayor posibilidad de diálogo con el ministro de Justicia -antes era imposible-, y esto me habilita a contar una reciente reunión que tuve con Garavano y funcionarios sobre el plan de cárceles federales. Dijeron que hay una prioridad para la construcción de cárceles y entre ellas están las unidades planeadas en jurisdicciones donde no hay nada y hay muchos presos federales. Coronda está en primera fila para hacerla. El gobierno saliente dejó construcciones por la mitad y será la prioridad urgente. Son Cacheuta (Mendoza) y Salta. Si bien es delicada la situación de detenidos el norte, también Santa Fe y Entre Ríos, es una zona caliente del delito internacional. El orden sería terminar esas dos cárceles e iniciar Coronda y Córdoba.

—Santa Fe reclama el pago del mantenimiento de presos federales e incluso amenaza con trasladar a los detenidos federales.

—Estuve con el ministro Ricardo Silberstein y me planteó esto. Desde que soy procurador, siempre he escuchado que a las provincias que tienen presos federales no les pagan. No está en mi área la posibilidad de resolverlo, sí de señalarlo. Esto se arregla con plata ahora, pero hay que hacer realidad la cárcel federal de Coronda. La Nación se tiene que hacer cargo de las dificultades estructurales de las provincias porque éstas no tienen recursos para nuevas cárceles y no se pueden hacer cargo de un problema que es de jurisdicción federal. En nuestra opinión las cárceles deben ser chicas, no más de 400 internos, porque los monstruos que tenemos alrededor de Caba despersonalizan a las personas privadas de la libertad.

—¿Cuál es el principal reclamo que deben atender de detenidos en la región?

—En general el reclamo es el mismo en todos lados: sobrepoblación, quejas sobre la comida, falta de trabajo. Lo principal es que no hay una estrategia para hacer efectiva la sanción que aplica el Estado. En todos lados va a la guarda de la persona, son políticas de encierro.

—Así no se cumple el precepto constitucional.

—Silberstein me comentó la política post penitenciaria de la provincia. Es algo nuevo que en la ley de reformulación del servicio penitenciario federal que ahora se está discutiendo abre, por primera vez, una instancia administrativa muy importante dedicada a la tarea post penitenciaria. Una persona que sale de la cárcel queda solo ante el mundo, sin trabajo, muchas veces sin familia porque se le desarmó, no puede ir al club. Está solo con el mundo y si no hay nada que consolide esa instancia de recuperación es probable que reincida.

—¿Cuál es su postura ante los pedidos de prisión domiciliaria de condenados por delitos de lesa humanidad, mayores de 75 años.

—Parto del principio de que en algo somos superiores a ellos. Con ellos cuando se reclamaba, mandaban a matar. Nosotros les dimos a todas esas personas que violaron los derechos humanos un trámite legal, igual que a todas las personas en problemas con la ley. No hubo ley especial como pasó con alemanes, españoles o italianos. Se les dio toda la oportunidad de defenderse y de aclarar la situación. Ellos han perseverado en no querer hablar o hacer una justificación de lo que hicieron. A esta altura y después de todo lo que ha pasado, las personas mayores de 75 años que no hayan cometido determinados excesos, la prisión domiciliaria es una alternativa para la sanción. No es igual para todos. Hay personas muy responsables, los que tiraron personas desde un avión, etc. El condenado que tiene enfermedad incurable y 80 años, debe ir a su casa. En general, hay que evaluar el grado de responsabilidad que tenía. He sido un militante de la defensa de los derechos de las personas y contrincante de los violadores de derechos humanos. Se debe buscar la ley pareja. El Parlamento y la Justicia determinaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Además están mucho mejor alojados que los presos comunes. Se debe mirar caso por caso. No pueden partir de una situación de igualdad a los restantes presos, porque no lo son y cuando tuvieron responsabilidades la aplicaron con una discrecionalidad, crueldad mayor. ¿Por qué no dicen dónde están los chicos que entregaron o que robaron durante la dictadura? ¿Por qué no dicen dónde están las personas desaparecidas durante la dictadura? Somos mejores que ellos y podemos dar la prisión domiciliaria en los casos graves. Los visito como a todos y he intervenido, por ejemplo, en el caso Patti, donde lo sacamos del hospital de Devoto y lo llevamos a una clínica.
Apoyo

La Procuración Penitenciaria y la Defensoría General de la Nación realizan hasta fin de año una campaña para dar visibilidad pública a las Reglas Mandela, como principios básicos y universales reconocidos por Naciones Unidas, para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y fomentar el interés y el conocimiento social acerca de la realidad carcelaria.
Mugnolo interiorizó de la campaña al ministro Silberstein, quien expresó el apoyo de Santa Fe.


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